El Congreso de Perú aprobó viernes 19 de mayo un proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en su territorio el 1, 7 y 10 de noviembre en el marco de un entrenamiento militar.

El comunicó de prensa del Congreso indicó que “los militares extranjeros son efectivos de Infantería de Marina y de Fuerzas Especiales, y con sus similares peruanos realizarán actividades de entrenamiento de campo”.

Pese a la negativa de la Izquierda, el pleno del Parlamento avaló finalmente por 70 votos a favor frente a 33 negativos –y 4 abstenciones- la medida de entrada de tropas estadounidenses para el entrenamiento militar

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, el legislador Alfredo Azurín, indicó que el personal militar norteamericano realizará actividades de “cooperación y entrenamiento” en territorio peruano, pero no instalarán una base militar.

La aprobación del proyecto de resolución legislativa sucede a dos semanas de la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch, en la insurrección popular por la destitución de Pedro Castillo, donde se cometieron ejecuciones extrajudiciales y otros delitos de lesa humanidad a manos de la Policía que responde a la actual presidente Dina Boluarte.

Vale recordar que la destitución de Pedro Castillo del 7 de diciembre y la asunción de Dina Boluarte al poder generó protestas antigubernamentales de carácter popular-rural en apoyo al ex presidente detenido, que fueron brutalmente reprimidas y en las que murieron varios ciudadanos. En estos enfrentamientos de la Policía que respondía a Boluarte contra el pueblo, se cometieron ‘ejecuciones extrajudiciales’. 

“Hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico racial, perpetuada por agentes estatales las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en el informe del tres de mayo de este año.

Este informe de la CIDH denuncia un uso desproporcionado de la fuerza y perdigones de plomo que están prohibidos por parte de las FF.AA. y la Policía Nacional en las protestas por la destitución de Castillo. “Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”.

En al menos 39 de las 49 muertes de civiles registradas por la Defensoría del Pueblo y vinculadas con la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas, la causa de la muerte fue heridas de bala, según las autopsias, los informes de balística y los registros médicos.

La CIDH, investigó un período del 7 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023 a través de diálogos y evidencia en el territorio peruano, haciendo foco en la ciudad de Ayacucho, lugar en donde 8 personas fueron asesinadas y 26 heridas por herida de bala mientras intentaban tomar el aeropuerto local en plena sublevación popular ‘pro- Castillo’.

Fuente: Resumen Latinoamericano