El Gobierno oficializó este viernes el «protocolo antipiquetes», la medida impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para impedir y reprimir la protesta social que derivará del fuerte ajuste implementado por la administración de Javier Milei.

A través de la resolución 943/2023, publicada en el Boletín Oficial, se establece el «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación», anticipado este jueves por la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio y hoy titular de la cartera de Seguridad.

En sus considerandos, se argumenta que este protocolo surge ante «la urgencia de la situación» y la «confusión introducida por una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública».

Y resalta que la «recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías» ha derivado en «una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos».

Protocolo de Patricia Bullrich: los puntos salientes

* Las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales «intervendrán frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte», como por ejemplo en las vías de los trenes. Tendrán jurisdicción en territorios provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

* No hará falta orden judicial para que las fuerzas de seguridad intervengan. Por impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías «debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas».

*La acción de las fuerzas policiales y de seguridad apuntará a «despejar los accesos, hasta dejar totalmente liberado el espacio».

*En los procedimientos, los efectivos «emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente» con «armas no letales». Sin embargo, se aclara que esa fuerza será «graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes» y con «empleo de armas no letales».

*Deberán «identificar a los autores, cómplices e instigadores» de los cortes y protestas. También identificarán los vehículos con los cuales los manifestantes llegaron a las protestas.

*»Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores» de las protestas «registrados por las fuerzas de seguridad» –como organizaciones formales o informales, gremios o partidos políticos– serán «remitidos al Ministerio de Seguridad».

*Cuando se observen actos que puedan ocasionar «daño ambiental» (como quema de neumáticos) «se dará aviso al juez competente y a la autoridad ambiental».

*El Ministerio de Seguridad «podrá demandar judicialmente» a las organizaciones y personas individuales que convoquen o participen de los cortes, «por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos».

*Se «creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones» y de «infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas».

Fuente Pagina 12