La justicia federal le dio lugar a un reclamo colectivo y suspendió la aplicación de la norma en Santa Cruz.

El Gobierno de Javier Milei promulgó hoy la nueva Ley de Glaciares mientras crece el rechazo a la reforma que habilita la explotación minera en zonas que ponen en riesgo las reservas de agua dulce. Es por eso que hoy habrá una marcha de antorchas en el centro porteño que unirá ese reclamo con el del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno ultraderechista se niega a aplicar pese a la ratificación del Congreso. Por otra parte, la justicia federal de Río Gallegos hizo lugar a un pedido de amparo colectivo que suspende la aplicación de la ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz.

Sin objeción ni observación alguna, el Poder Ejecutivo promulgó este viernes la Ley N° 27.804 que introduce modificaciones al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares. Entre ellas, la transferencia de competencias hacia las provincias donde –a partir de ahora– cada una establecerá sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán protegidos. O por el contrario, sometidas a la práctica extractivista favorecida por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Antorchas

A pesar de la decisión de la Casa Rosada, la norma genera resistencia de parte de organizaciones ambientalistas y movimientos ecologistas así como del ámbito académico y científico. Este sábado por la tarde-noche se llevará a cabo una nueva marcha de antorchas en contra de la reforma. La convocatoria está prevista para este sábado las 18.30 horas en la esquina de Callao y Corrientes.

Las organizaciones ambientales han advertido del riesgo ecológico, ya que se trata de un cambio sustancial respecto de la ley original. Sancionada en 2010, la norma establecía la protección de esas áreas por tratarse de reservas únicas y, por lo tanto, restringía la posibilidad de su explotación. Especialmente, porque de habilitarse ahora la actividad minera en las zonas protegidas se pondría en peligro de contaminación a las reservas de agua potable, cuyos cursos atraviesan varias provincias y alcanzan a millones de personas por fuera del territorio de la jurisdicción provincial que habilite el proceso extractivista.

Entre los organizadores también está la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires porque la protesta también unirá el reclamo por la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario ante la preocupante situación económica que atraviesan las universidades públicas nacionales, profesores y personal no docente. Una normativa que el Gobierno libertario se niega a cumplir a pesar de ser aprobada y ratificada por el Congreso nacional y del emplazamiento judicial para aplicarla.

Amparo en Santa Cruz

Tras su promulgación, la reforma a la Ley de Glaciares sufrió ayer su primer revés en los tribunales. La Justicia Federal de Río Gallegos, a través del magistrado Claudio Vázquez, dictó una medida cautelar en el marco de un amparo colectivo ambiental presentado por autoridades de El Calafate (Consejo Deliberante, Poder Ejecutivo, Diputados/as) que ordena al Estado Nacional a abstenerse de aplicar, ejecutar o autorizar actos que afecten glaciares o el ambiente periglacial, en el territorio de la provincia de Santa Cruz hasta tanto se dicte sentencia definitiva en esa causa.

La demanda plantea que la aplicación de la reforma implicaría una modificación sustancial del régimen de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en tanto reduciría el alcance de las áreas protegidas y habilitaría el desarrollo de actividades actualmente prohibidas en dichas zonas. Ello se señala como una regresión en los estándares de tutela ambiental establecidos por la Ley N° 26.639, afectando el sistema de presupuestos mínimos previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, toda vez que se trasladan a las provincias facultades que corresponden al Congreso de la Nación.

En tanto, la decisión cautelar expone primero la relevancia que reviste la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, tanto a nivel global como en el ámbito nacional, regional y local. Asimismo, se realiza un repaso por las distintas actividades económicas que se vinculan, en tanto su regulación y eventual modificación proyectan efectos directos sobre los modelos de desarrollo de las regiones involucradas.

Luego del repaso por los principios constitucionales y ambientales, concluye que los recaudos de la decisión cautelar se encuentran cumplidos, señalando especialmente que “la demora en el dictado de una sentencia definitiva podría tornar ilusoria la protección pretendida, en caso de verificarse la realización de actividades incompatibles con el nivel de tutela actualmente vigente”.

Fuente: Página 12