En el Día Mundial del Ambiente, comunidades indígenas, organizaciones socioambientales y vecinos de Punilla convocaron a una jornada de denuncia pública contra el avance de la autovía de montaña, los desmontes y la expansión del negocio inmobiliario en el valle cordobés. La movilización se produce mientras continúan paralizadas más de 150 causas ambientales y persisten los reclamos por los incendios que en 2024 consumieron unas 70.000 hectáreas. La tensión en el departamento Punilla continúa debido a los conflictos en torno al proyecto de la autovía y a las disputas por el uso del territorio. Aunque las obras aún no alcanzaron algunos de los sectores considerados más sensibles por organizaciones ambientales y comunidades locales, los cuestionamientos sobre el impacto ambiental del proyecto permanecen vigentes. Por Anahí Avila, para Mink’a Comunicación.

En diciembre de 2024, luego de los incendios forestales que afectaron gran parte de la región, vecinos y organizaciones que participan activamente de la defensa ambiental presentaron una denuncia formal ante la Justicia. Según explican los impulsores de la iniciativa, el objetivo fue frenar el avance de la autovía y otros proyectos que, a su entender, podrían generar consecuencias ambientales significativas para la provincia.

Durante el proceso judicial se registraron episodios de tensión vinculados a intentos de ocupación de territorios comunitarios. Desde la Organización Territorial Kami Henen, integrada por algunas de las 46 comunidades indígenas preexistentes en Córdoba, sostienen que los incendios forestales han coincidido en distintas oportunidades con intentos de avance sobre tierras que habitan o resguardan. También denuncian haber sufrido hostigamientos, amenazas y acusaciones durante los últimos años.

Los denunciantes sostienen que detrás del proyecto vial existe un interés vinculado al desarrollo inmobiliario de las tierras afectadas por los incendios, una acusación que las autoridades provinciales no han reconocido públicamente. Según esta interpretación, determinados sectores económicos podrían beneficiarse de futuras transformaciones en el uso del suelo de la región.

Tras inaugurar el primer tramo de la obra y enfrentarse a la resistencia inquebrantable de los pueblos y ciudadanos organizados, Llaryora frenó el avance de los trabajos. Frente a los medios masivos de comunicación, el mandatario señaló como causa principal la reducción de recursos nacionales y anunció oficialmente que el segundo tramo de la autovía no se ejecutaría durante su mandato. Esta gestión ya venía perdiendo el apoyo de la sociedad cordobesa que la eligió y, en las últimas horas, vuelve a ser severamente cuestionada en el contexto del crimen de una niña, cuyo femicida formaba parte del círculo social y laboral del actual gobernador.

Continuando con la agenda ambiental —eje de esta nota—, se destaca que un mes atrás el gobernador se reunió en San Juan con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros mandatarios provinciales en la Expo Minera [1] para el lanzamiento de la Mesa Federal Minera. Con este paso, la gobernación busca posicionar a Córdoba como “proveedor estratégico de bienes, servicios e industria para los grandes proyectos mineros y energéticos del país”.

Sin embargo, en los territorios los conflictos continúan, las causas judiciales están paralizadas y los relevamientos territoriales, junto con las capacitaciones ambientales, están siendo orquestados por el Estado provincial. Las organizaciones denuncian que esto se realiza con la misma impunidad que se observa en otras áreas públicas como Educación, el Ministerio de Trabajo y Justicia, Desarrollo Social y Tránsito, por mencionar algunas.

La lógica del negocio inmobiliario sobre el bosque nativo

Los defensores del ambiente sostienen que estas maniobras responden a la lógica del negocio agroinmobiliario, orientado a inversiones turísticas y desarrollos urbanísticos privados. La zona afectada albergaba originalmente un bosque nativo que, tras los incendios, sufrió la proliferación de especies exóticas como pinos y olmos.

A pesar de esta degradación, los guardianes del monte aclaran que el ecosistema conserva su categoría de bosque nativo. Afirman que, mediante la erradicación de las especies invasoras, el monte es capaz de recuperarse por sí mismo. No obstante, la presencia de agentes externos en el territorio y el avance de las topadoras amenazan de raíz esta posibilidad de restauración.

Ante esta coyuntura, los damnificados, junto a asambleas socioambientales y organizaciones de la sociedad civil, mantienen un debate permanente en torno a la estrategia legal y la judicialización del conflicto. Hoy, en el Día Mundial del Ambiente, diversas organizaciones y comunidades se manifestarán frente a la Secretaría de Ambiente de Córdoba y en otros puntos de la provincia para denunciar la destrucción de cuencas, los desmontes, los incendios y la criminalización de la protesta bajo el actual modelo extractivista.

Los convocantes responsabilizan de la inacción estatal y de la falta de respuestas a la gestión de Martín Llaryora, encabezada en el área por Victoria Flores, Federico García, Pablo Riveros, Carlos Guzmán y Miguel Magnasco, a quienes les exigen soluciones urgentes para frenar el saqueo territorial y destrabar las más de 150 causas ambientales paralizadas a la fecha.

Organización territorial y cosmovisión ancestral

Kami Henen es la organización territorial que nuclea colectivamente a los habitantes en defensa del monte. Desde su cosmovisión, el territorio excede el valor económico: representa la memoria ancestral, el resguardo de las vertientes hídricas y el equilibrio de la tierra.

Los estudios ambientales advierten que una obra de la envergadura de la autovía de Punilla ocasionaría daños irreversibles en el ecosistema del valle. Si todavía persisten áreas de monte nativo, es gracias al rol de resistencia que las comunidades originarias han sostenido como guardianas de la tierra desde hace más de doscientos años.

Actualmente, el proyecto vial se encuentra frenado debido a la oposición comunitaria. Sin embargo, los trabajos preliminares ya se habían iniciado, y las asambleas advierten que, de completarse el segundo tramo, el impacto ambiental será devastador sobre los cerros, una zona clave donde brotan las fuentes de agua y donde un ojo de agua fundamental corre el riesgo de desaparecer.

Respuestas institucionales y criminalización de la protesta

La estrategia de defensa también escaló al plano internacional. A través de la CTA Autónoma de Punilla, y con el respaldo de los gremios ATE y Cispren, se presentó un pedido de intervención ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Diversas comunidades firmaron una denuncia formal por el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, el cual garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. El seguimiento de este trámite se mantiene activo de manera regular a través de la delegación gremial.

Con el fin de generar alternativas productivas y sustentables, miembros de las comunidades realizaron una diplomatura en ordenamiento territorial. El objetivo era capacitarse para diseñar propuestas culturales y turísticas basadas en el turismo comunitario, rural e intercultural, generando así fuentes de trabajo locales. Estaba previsto que el plan comenzara en septiembre de 2024, pero el inicio de nuevos incendios frustró el lanzamiento.

Los integrantes denuncian que existió una marginación deliberada que les impidió presentar formalmente estos proyectos de desarrollo sostenible, mientras que las propuestas entregadas con anterioridad fueron rechazadas. Estas barreras culturales y administrativas son las que enfrentan históricamente para mejorar sus condiciones económicas; estrategias que, según señalan, el Estado despliega cuando la población en condición de vulnerabilidad busca su autonomía.

En paralelo, la lucha socioambiental derivó en la criminalización de varios referentes, existiendo actualmente integrantes de las comunidades judicializados por oponerse a la autovía. Los afectados señalan serias irregularidades en el proceso judicial: de manera coincidente con las fechas de las audiencias, se registraron robos y amenazas de muerte contra los defensores ambientales. En uno de estos robos sustrajeron una computadora que contenía pruebas y escritos legales clave para el sostenimiento de la causa.

Las organizaciones que han mantenido una mayor presencia en las acciones de lucha y en la presentación de denuncias penales pertenecen a la organización Kami Henen, la cual agrupa a comunidades indígenas —principalmente de los pueblos Kamiare-Comechingón y Sanavirón— que habitan de forma preexistente en la provincia de Córdoba.

Los hermanos afirman que “deberían valorarse y proteger a las comunidades que defienden el monte y rechazan estos proyectos que solo lo destruyen. Que seamos valorados como parte importante de la sociedad, por resguardar la memoria de nuestro pueblo y proteger los territorios. Que dejen de perseguirnos y reconozcan nuestros derechos. Que los gobiernos ya no lucren reventando a la madre tierra y piensen en el legado que estamos dejando a las próximas generaciones. Tenemos en nuestras manos el poder de destruir, pero también tenemos el poder de sembrar. ¿Para qué usamos nuestras manos, nuestros recursos, tiempo y energía? ¿Es progreso para quién? Alguna vez nuestros ancestros caminaron por bosques milenarios, hoy caminamos por desiertos monocultivos fumigados, y si seguimos así mañana no sabemos si el planeta será capaz de sostener la vida. Tenemos que abrir los ojos, volver a las raíces. Reconocernos como hermanos, unirnos como pueblo para sanar a nuestra tierra. El agua nos une, todo lo demás es una ilusión, parte de una gran mentira para saquearnos y esclavizarnos, para tenernos peleando entre nosotros mientras se llevan todo para afuera”

Foto: Juan Yacobs

Fuente Anred