Así lo afirmó, la Presidenta del Partido Comunista de Corrientes, y abogada por los derechos humanos Sonia López, al referirse al asesinato de la docente rural Nancy Godoy; en dialogo con el programa Martillá por radio Estacion Sur, el viernes 30 de octubre.

En la entrevista realizada, por Fernando Canales, Simón Duveaux y Francisco Carlini, Sonia López denuncio el contexto de violencia machista y mafiosa que trasciende el crimen rural, mostrando la vulnerabilidad y el desamparo laboral que sufren las y los maestros de las zonas rurales.

La abogada por los derechos humanos de Corrientes también denuncio el entramado de impunidad política, judicial y económica que protege a las altas esferas y obstaculiza la investigación, desnudando la complicidad estatal, al no citar a declarar a los dueños de las tierras donde ocurrieron los hechos.

Asimismo aseguró que este suceso desato una masiva movilización social y gremial que desafía el sistema de privilegios vigente, y exige una profunda transformación estructural para garantizar la justicia y la dignidad de los sectores más vulnerables.

Corrupción y complicidad institucional

En el análisis del caso de Nancy Godoy realizado Sonia López, denuncio la corrupción y complicidad institucional que se evidencia a través de diferentes métodos.

Entramado entre el poder político, judicial y económico: Se denuncia la existencia de redes donde convergen intereses políticos del oficialismo, la justicia y propietarios de grandes estancias. En este caso, el crimen ocurrió en una propiedad privada cerrada de 18.000 hectáreas cuya dueña está casada con un concejal del oficialismo y es cuñada de una diputada provincial. A pesar de existir indicios en el expediente, como mensajes que sugieren órdenes de jerarquía superior, el poder judicial evita citar e investigar a los dueños y figuras del poder local.

Doble estándar judicial y protección a la dirigencia: La investigación muestra una actuación selectiva por parte del sistema judicial, donde se protege a legisladores y funcionarios del oficialismo. Este actuar se compara con el caso Loan, donde autoridades políticas sospechadas de desviar la investigación no fueron citadas a declarar, mientras que otros sectores fueron procesados o detenidos de inmediato.

Intentos de encubrimiento y narrativa reduccionista: López desestima la versión oficial que pretende presentar el hecho como un «salvajismo campestre» aislado, ejecutado por propia iniciativa de peones rurales. Señala que la logística, el secuestro en una propiedad custodiada y el contexto responden a motivaciones de tipo mafioso vinculadas a estructuras de mayor alcance.

Desesperanza estatal y desidia de las autoridades: La responsabilidad institucional alcanza también al Ministerio de Educación y a los organismos de supervisión. Nancy Godoy había realizado denuncias y solicitudes previas de acompañamiento institucional que fueron ignoradas, dejándola en una situación de vulnerabilidad e indefensión laboral en el territorio rural antes de su femicidio.

Poder político, judicial y estado

La Presidenta del PC de Corrientes denuncio al poder político vinculado en este caso a través de nexos familiares, influencias judiciales y omisiones de los organismos estatales.

Relación directa entre la propiedad del predio y legisladores oficialistas: El secuestro y crimen ocurrieron dentro de la estancia «Grupí» , una propiedad privada cerrada de 18.000 hectáreas. La dueña de esta estancia está casada con Hugo Mancini, concejal del oficialismo, quien a su vez es hermano de la actual diputada provincial del oficialismo María Eugenia Mancini.

Parálisis e inacción judicial frente a los referentes del poder: A pesar de que en el expediente existen elementos que sugieren órdenes de jerarquía superior, como fotos de Nancy secuestrada y mensajes indicando «¿qué hacemos con ella?», el poder judicial evita citar a declarar a la dueña del predio, o a los políticos vinculados. Sonia López comparo este actuar con el caso Loan, donde se impidió la citación del senador oficialista Pellegrini , señalado por desviar la investigación, mientras que a otros implicados sin peso político se los procesó y detuvo inmediatamente.

Narrativa estatal para desvincular al poder económico y político: López señaló que se busca instalar la versión de que el femicidio fue producto de un «salvajismo campestre» por iniciativa propia de los peones. Esto permite resguardar el entramado entre la política oficialista, los grandes propietarios y la justicia.

Omisión y desatención ministerial previa: La responsabilidad abarca también al Ministerio de Educación y a las autoridades de supervisión de la provincia de Corrientes, quienes desoyeron las denuncias y las reiteradas solicitudes de acompañamiento e infraestructura que Nancy Godoy había elevado antes de su asesinato.

Movilización docente

La movilización docente generada a partir del femicidio de Nancy Godoy tuvo características y reclamos puntuales:

Alcance y extensión nacional: La protesta central se realizó el 29 de octubre con marchas masivas en la capital de Corrientes y en diversos municipios del interior provincial, alcanzando también repercusión en todo el país mediante el acompañamiento de un paro nacional convocado por la Ctera.

Exigencia de renuncias en el área de Educación: Durante las manifestaciones, las y los docentes exigieron la renuncia de la Ministra de Educación de Corrientes, de la totalidad de su gabinete y de la supervisora escolar de la zona. El reclamo se fundamenta en que Nancy Godoy había presentado denuncias y pedidos formales de acompañamiento que fueron ignorados por las autoridades educativas.

Denuncia sobre las condiciones de trabajo en la ruralidad: La movilización puso en el centro del debate la extrema vulnerabilidad de las y los maestros rurales, quienes trabajan en parajes aislados acumulando tareas de enseñanza, ordenanza y gestión sin contar con servicios elementales como agua potable o presencia del Estado.

Rechazo a la romantización del desamparo. Las y los docentes criticaron la narrativa oficial que justifica los peligros y las extenuantes travesías a caballo o por zonas anegadas bajo el concepto de la vocación docente, exigiendo garantías reales de seguridad e infraestructura en lugar de justificar la falta de protección estatal.

Detonante de participación comunitaria: La brutalidad del crimen funcionó como un canalizador del malestar acumulado frente al desamparo institucional, impulsando una amplia participación de trabajadores y sectores sociales para reclamar justicia y el cese de la impunidad.

Entrevista completa:

Fuente Radio Estación Sur 91,7