Demandan políticas para adultos con discapacidad: “A los 18 ingresan en una especie de limbo”

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Si bien la nueva ley garantiza un piso de derechos, son muchas las cuentas pendientes con el colectivo de personas con discapacidad. Desde la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) buscan visibilizar la falta de políticas públicas específicas para personas con discapacidad durante su vida adulta

La nueva Ley de Discapacidad, que sostiene los parámetros de la Ley de Emergencia y fue lograda gracias a la lucha inmensa del colectivo de personas con discapacidad y sus familias pese a la reticencia del gobierno de Javier Milei, es solo un piso. Por encima de esos derechos básicos, hay un sinnúmero que no se cumplen ni se apoyan sobre normativas que permitan garantizarlos. En ese sentido, un informe advierte sobre la falta de políticas públicas destinadas específicamente a la vida adulta de las personas con discapacidad.

“Al momento de cumplir 18 años, ingresan en una especie de limbo que finaliza a los 60 años. Los desafíos generales de la vida adulta se suman a las barreras a las que las personas con discapacidad se enfrentan, pero sin contar con herramientas que favorezcan una transición menos traumática. Si a esa población le sumamos el requerir grandes necesidades de apoyo, esa situación que describimos como ‘limbo’ se agudiza”, dice Jorge Manuel Prado, miembro de la Comisión Directiva de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS).

Desde ese espacio difundieron esta semana el informe “Entre la autonomía y la supervivencia: desafíos en la construcción de la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina”, un estudio que recupera las experiencias y los testimonios de las propias personas con discapacidad para conocer cómo transitan la adultez, qué decisiones pueden tomar sobre sus vidas y cuáles son los obstáculos que encuentran para desarrollar sus proyectos personales.

El trabajo, comandado por las investigadoras Carolina Ferrante y Karina Brovelli, busca reflejar la realidad de un sector de la población que suele permanecer invisibilizado. “La intersección de adultez y discapacidad está ausente de los debates públicos actuales. Mientras las personas con discapacidad no cuenten con los apoyos y cuidados necesarios para decidir sobre su propia vida, se les seguirá negando su plena participación en la sociedad”, señala Elizabeth Aimar, presidenta de RALS. El informe apunta que mientras que durante la infancia y la adolescencia existen políticas orientadas a garantizar la inclusión, necesidades y apoyos, en la adultez las respuestas institucionales pierden continuidad y la gestión de los cuidados y apoyos se transforma en un asunto mayoritariamente privado y familiar.

Por todo esto, la propuesta de RALS apunta a la necesidad de pasar de una autonomía de supervivencia a una autonomía de derecho, siguiendo los lineamientos del Modelo Social de la Discapacidad, enfoque reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Vidas suspendidas

“Se profundiza la invisibilidad de la persona y, en esa situación de indefinición e incertidumbre, no encuentra ni recibe contención del sistema prestacional que le permita focalizar y proyectar un plan de vida independiente”, sostiene Prado, en diálogo con Tiempo. “Podríamos decir que la vida de las personas con discapacidad entre los 18 y los 60 años queda suspendida, y se ven frustradas de desarrollar sus proyectos por falta de acciones positivas del Estado que faciliten los apoyos necesarios para esos fines, como lo es la reglamentación de la asistencia personal”.

Todo esto, pese a que “el Estado se encuentra obligado a cumplir con lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada al sistema normativo interno. En particular, el derecho a la vida independiente resulta un pilar básico del sistema protectorio; en consecuencia, las políticas públicas resultan la herramienta imprescindible para que las personas con discapacidad accedan a sus derechos”.

Hoy, la posibilidad de desarrollar una vida adulta plena cuando se requieren apoyos depende de la realidad económica y los recursos humanos de los que disponga la familia. Situación que vuelve muy desigual el panorama y replica la inequidad de género que se da también en otros planos en materia de cuidados.

Una de las propuestas desde RALS para revertir esta situación tiene que ver la necesidad de establecer y reconocer la figura del asistente personal como parte de una política pública. “El asistente personal luce como el medio idóneo para el desarrollo de la vida independiente de las personas con discapacidad. En países europeos como España esto se encuentra legislado, pero también en nuestro país hay jurisdicciones que reglamentaron el ejercicio de esta figura, como Santa Fe”, indica Prado.

“Al legislar sobre el asistente personal, no solo se enmarca la actividad en derechos y obligaciones, sino que también se establece la capacitación de los asistentes y el valor de la prestación, fijando reglas de juego claras y posibilitando la eliminación de las barreras existentes en el acceso a ella”, añade.

Restricciones y retrocesos

A partir de entrevistas con personas con discapacidad adultas y con familiares, el informe da cuenta de la persistencia de “prácticas capacitistas” e “infantilización” que ese traducen en un obstáculo para que sean esas personas adultas las que tomen decisiones sobre su propia vida y los apoyos que necesitan.

“La autonomía de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo no se define por la posibilidad de realizar actividades sin asistencia, sino por la capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida y contar con los apoyos necesarios para llevarlas adelante. Del mismo modo, la vida independiente no supone prescindir de otras personas, sino ejercer el control sobre la propia existencia y decidir cómo, cuándo y por quiénes se reciben esos apoyos”, define el documento. Por eso insiste sobre la figura del asistente personal.

Una figura que difiere de la asistencia domiciliaria contemplada en la Ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Esa prestación está sujeta a determinadas condiciones y a indicación interdisciplinaria, y “no alcanza a cubrir la diversidad de apoyos que pueden requerirse para desarrollar la vida cotidiana dentro y fuera del hogar, ni equivale a un sistema integral de asistencia personal”.

“Cuando el Estado y los sistemas de cobertura no garantizan respuestas adecuadas y sostenidas, la responsabilidad se traslada a las familias. La posibilidad de acceder a los apoyos queda así condicionada por los recursos económicos, las redes disponibles, el lugar de residencia y la capacidad de sostener reclamos administrativos o judiciales, en lugar de estar garantizada como un derecho”, advierte el informe. Y remarca la necesidad de revisar las incompatibilidades normativas par que el acceso a una pensión no implique la exclusión de un empleo formal.

A partir de la aprobación de la nueva ley, este jueves en el Congreso, se permite que los titulares de la pensión no contributiva tengan un empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo, si sus ingresos laborales no superan los dos salarios mínimos. Pero este punto fue blanco de muchos de los cuestionamientos, estigmatizaciones y restricciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Como reconstruyó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), las pensiones no contributivas fueron creadas en 1973 a través de la reforma de la Ley N° 13.478. En 1997 se reglamentó un artículo mediante el Decreto 432/97 creando la “pensión por invalidez laborativa” y se regularon los requisitos para acceder a ella. Hasta 2003 hubo un sistema de “alta por baja”, que mantenía un número de pensiones fijo: un cupo. En ese año se abrió el beneficio a la demanda real de quienes pudieran cumplir con los requisitos previstos en el decreto del año 97, sin límites. Pero “el gobierno actual estableció requisitos mucho más excluyentes”, según señaló el nuevo marco normativo instaurado por el Decreto 843 de 2024.

Foto: Edgardo Gómez @jedgardogomez

Fuente : Tiempo Argentino

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