El poder judicial porteño fallo en contra del acceso a la educación pública

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió un fallo en contra del derecho al acceso a la educación pública ante la petición de una familia de una vacante para sala de dos años.

Entre los fundamentos el Tribunal señala que quien no pruebe tener un mejor derecho que los grupos a los que asigna prioridad el artículo 17 de la CABA, no podrá exigir su admisión en el sistema público si las vacantes no son suficientes. Y agrega que la obligatoriedad por parte del estado se limita a asegurar la escolaridad de aquellos niños en situación de pobreza y exclusión, aquellos que presenten un certificado de pobreza y no puedan afrontar los gastos para una educación privada.

El fallo hace una diferenciación entre la escolarización obligatoria y no obligatoria sólo a los efectos de fundamentar el incumplimiento del gobierno en lo que respecta a su obligación de garantizar la educación pública desde los 45 días como lo establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión judicial además desliga la responsabilidad del Poder Ejecutivo y la deposita sobre la legislatura porteña indicando que mientras no asignen mayores fondos para la universalización del sistema educativo, el Poder Ejecutivo sólo puede limitarse a gestionar las vacantes disponibles. De esta manera admite la falta de vacantes, pero omite el hecho de que, es en la misma legislatura en donde el partido gobernante, entre otros, obtura los proyectos integrales de construcción de escuelas.

Por su parte desde Ademys denuncian la falta de vacantes, que afecta especialmente a las mujeres trabajadoras sobre las cuales recae el cuidado de los niños y niñas, y la forzada transferencia al sector privado obligando a las familias a pagar cuotas exuberante en escuelas de nivel inicial privadas.

Este fallo es a la medida del presupuesto de ajuste de Larreta en el cual no hay prioridad para áreas tan sensibles como educación, salud e infraestructura. El fallo va en línea con la política privatista del gobierno de porteño que no sólo promueve la educación privada sino también la precarización de la educación, multiplicando los Centros de Primera Infancia, donde ya es requisito presentar un certificado de pobreza, en lugar de construir jardines.