En su enfrentamiento con el gobierno de izquierda de Pedro Castillo, el Congreso controlado por la derecha maniobra para maniatar al presidente. El Legislativo ha dado un importante paso en esa dirección promulgando una ley que limita las facultades de Castillo y debilita al mandatario frente a un Parlamento opositor y en buena parte hostil y golpista. Esta ley, que es un ataque directo al presidente, ha sido promulgada cuando en el Congreso sectores radicales de la derecha encabezados por el fujimorismo, complotan para dar un golpe parlamentario. Para eso tienen la ambigua figura de la destitución del presidente por “incapacidad moral”, que puede aplicarse sumariamente en un proceso de pocos días sin necesidad de un juicio político y sin otro argumento que la fuerza de los votos. Se necesitan dos tercios del Congreso unicameral, 87 votos de 130. La derecha golpista todavía no alcanza esos votos, pero trabaja para sumarlos, con apoyo de un sector importante de los medios. La nueva ley le quita opciones al presidente para defender su gobierno.

El sistema político peruano es una combinación de presidencialismo con elementos de los modelos parlamentarios. Además de la posibilidad de destituir al presidente sin pasar por un impeachment, el Parlamento tiene la facultad de interpelar y censurar ministros, obligándolos a renunciar, y todo nuevo gabinete debe recibir el voto de confianza del Congreso, si la confianza le es negada el gabinete cae. El Ejecutivo, como contrapeso a esas facultades parlamentarias, puede pedir una cuestión de confianza si considera que el Congreso obstruye su trabajo y le impide llevar adelante sus políticas, y si el voto de confianza le es negado dos veces queda habilitado para disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas.

La cuestionada ley sacada por la derecha, aprobada por insistencia con 79 votos luego que el Ejecutivo la observara, limita las facultades del gobierno frente al Congreso, prohibiéndole utilizar el pedido del voto de confianza para lo que se considere “facultades del Congreso” y para defender reformas constitucionales. Entre otras limitaciones, ahora el gobierno no podrá utilizar el voto de confianza para defender su propuesta de una reforma constitucional para habilitar un referéndum para elegir una Asamblea Constituyente que cambie la Constitución heredada de la dictadura de Alberto Fujimori. Se limita la cuestión de confianza que puede pedir el Ejecutivo, pero se mantienen intocables todas las facultades del Congreso frente al gobierno, entre ellas la de destituir al mandatario por “incapacidad moral”. El equilibrio de poderes se ha roto, la cancha ha quedado inclinada a favor del Parlamento, donde la ultraderecha golpista tiene importante fuerza.

“Esta ley implica un debilitamiento de la presidencia, precariza la figura del presidente Castillo, lo hace más frágil. Esto se suma a otros problemas congénitos que tiene el sistema peruano, como el hecho que un presidente puede ser destituido en un proceso exprés de quince días porque aquí no existe juicio político. Esta ley se ha dado para mediatizar al presidente, a la presidencia de la república como institución, para neutralizar al gabinete y toda posibilidad de cambio, y es un aviso de la vacancia (destitución del presidente) que los sectores de la ultraderecha quieren presentar en el Congreso. Al restringir el criterio de amplitud del voto de confianza lo que se hace es empoderar al Parlamento sobre el presidente de la República y eso es una fractura histórica. Hay un fuego cruzado entre el Ejecutivo y el Congreso, con esta ley el Parlamento toma ventaja”.

Fuente Resumen Latinoamericano Por Carlos Noriega.