Entrevista: condena a Pedro Castillo refleja pacto mafioso de la derecha contra la voluntad popular
El portavoz político del expresidente Pedro Castillo, Jorge Felicín, aseveró que el proceso judicial contra el líder progresista es resultado de “una conspiración cuidadosamente articulada desde que Castillo se perfiló como candidato con opciones reales de llegar al poder” y conformar un programa de gobierno centrado en reivindicaciones y luchas históricas de los sectores excluídos.
Mientras cientos de ciudadanos se movilizaban frente al penal de Barbadillo y en las inmediaciones de la Corte Suprema, Castillo fue condenado en esta fecha por el Poder Judicial a 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad por conspiración para rebelión el 7 de diciembre de 2022.
Felicín aseguró que desde que Castillo avanzó a la segunda vuelta y ganó las elecciones, la derecha ya preparaba una sentencia anticipada contra la democracia y la voluntad popular.
Sostuvo que la destitución del exmandatario y su posterior reclusión en la prisión de Barbadillo demuestran la existencia de un “pacto mafioso” destinado a apartarlo de la vida política, para impedir cambios profundos del aparato estatal y transformaciones en beneficio del pueblo, entre ellas la convocatoria a una Constituyente y la propuesta de una Constitución de acento democrático y popular, que deje atrás la actual Carta Magna fujimorista.
A su juicio, la situación del país refleja tensiones históricas entre élites económicas y sectores populares, así como un ejercicio abusivo del poder estatal en perjuicio de los más vulnerables.
El activista político también afirmó que distintos sondeos revelan que una mayoría de peruanos considera que el verdadero golpe de Estado provino del Congreso corrupto y de las fuerzas de seguridad, no del propio Castillo. Asimismo, valoró que incluso en encuestas realizadas por sectores conservadores, un porcentaje significativo de la población volvería a votar por el exmandatario.
Felicín expresó estas ideas mientras centenares de ciudadanos se congregaban en inmediaciones del penal de Barbadillo y exigían la liberación de Castillo y que se enjuicie a representantes de la élite política, como congresistas corruptos y a la excandidata presidencial de derecha Keiko Fujimori.
A la concentración acudieron diversas agrupaciones políticas, entre ellas el Movimiento de Unidad Popular, Adelante el Pueblo Unido y Todos con el Pueblo.
La Fiscalía solicitó una pena de 34 años de cárcel para Castillo. En el mismo proceso, pidió 25 años de prisión para la exprimera ministra Betssy Chávez y 15 para el exprimer ministro Aníbal Torres.
A casi tres años después de los hechos, el exmandatario mantiene su inocencia y niega haber incurrido en los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad o alteración del orden público que le imputaron. Castillo sostiene que nunca llegó a ningún levantamiento armado.
Fuente: Telesur