Cientos de dirigentes políticos y sociales solicitan la liberación de Milagro Sala, al cumplirse cinco años de su injusta detención

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Al cumplirse el próximo sábado 16 enero, cinco años de la injusta detención de Milagro Sala, secretaria de la organización social Tupac Amaru; cientos de funcionarios, dirigentes políticos, sociales, culturales y de derechos humanos; solicitaron su liberación por medio de una carta titulada «Por una democracia sin presas y presos políticos”. También denuncian que la “persecución política, judicial y mediática a la que es sometida tiene como autores al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia”.

El texto señala “para quienes suscribimos esta carta, la libertad de Milagro es urgente 5 años de injusticia. 5 años de arbitrariedad. Este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización”.

Asimismo dice “a través de esta carta y de las actividades que se realizarán en distintos lugares del país para denunciar esta injusticia, nos proponemos: dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución de la organización que Milagro lidera, denunciar ante la Justicia la vulneración a los derechos humanos y civiles, exigir el justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras detenidas, y abrazar de solidaridad a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con el pueblo pobre”.

La carta además indica que “la persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy”.

También aseguran que esa actuación tiene como objetivo “diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda y construir presupuestos participativos en la materia, que puso en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar”.

Al mismo tiempo afirma “la persecución política, judicial y mediática a la que es sometida Milagro Sala y sus compañeros de la Organización Barrial Túpac Amaru tiene una autoría intelectual política y judicial clara: Gerardo Morales y el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy”.

A este tenor sostiene que la dirigente social “dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social. Sala está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora.

De la mima forma asegura “Morales logró eliminar formas de organización colectivas reivindicativas de derechos de sectores humildes, derivado de la desarticulación de la Tupac Amaru pero no logró quebrar moral y políticamente a Milagro. Ella y la organización continúan de pie”.

Los firmantes afirman que en estos cinco años también lograron acusarla de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y extorsión, así como sentarla en el banquillo de las acusadas, que vaya a la cárcel, que en la prensa nacional e internacional su obra y su figura sea denostada, pero también reivindicada y conocida”.

Y denuncian que “Milagro nunca conoció de qué se la acusaba. El auto de requerimiento de juicio no contiene indicación de fechas, ni modos de comisión de los delitos que le imputaban. Milagro llegó a juicio sin conocer concretamente porqué estaba sentada frente a un tribunal».

Igualmente destacan que “la falta de claridad y sorpresa constante sobre los hechos de la acusación contra Milagro fue continua y no fue despejada en las instancias superiores de revisión. Tampoco le permitieron incorporar pruebas periciales, documentales y testimoniales de descargo”.

Señalan también que “para quienes suscribimos esta carta, personas dedicadas a la función pública en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales nacionales y provinciales, referentes políticos, dirigentes sociales y sindicales, profesionales y personas comprometidas con los derechos humanos y la democracia, la libertad de Milagro es urgente”.

Finalmente exprezan que “desde nuestro más profundo compromiso con la República y el Estado de Derecho, exigimos las debidas garantías constitucionales que requiere todo proceso penal, y afirmamos nuestra vocación de promover y concretar una sociedad con pleno y efectivo acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.